Mediante el Premier Adrianzén comentó que la norma, endurece las penas para los casos de sicariato y extorsión considerados como terrorismo urbano.
Gustavo Adrianzén, el líder del gabinete ministerial, instó al Congreso a ratificar el proyecto de ley propuesto por el gobierno que categoriza el crimen de terrorismo urbano y intensifica las sanciones para los crímenes de extorsión y sicariato, en relación al atentado con explosivos registrado esta semana en el edificio del Ministerio Público en Trujillo.
Adrianzén señaló que lamentablemente el país vive una ola de criminalidad que anteriormente no se había presentado, y el gobierno hace todos sus esfuerzos para combatirla, pero necesita el apoyo de todos los sectores.
Las declaraciones del Premier fueron: “Pero qué más hicimos en esta propuesta, tipificamos el delito de terrorismo urbano. A través de sus medios de prensa, solicito que nos ayuden en esta campaña para que el congreso de la república finalmente pueda tipificar este delito, y los responsables, los que se encuentren responsables de la comisión de este de delito finalmente puedan ir a prisión”.
El Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley que altera el Código Penal, al incluir el delito de terrorismo urbano y definir varias penas para castigar a aquellos que perpetran sicariato y extorsión, con el objetivo de robustecer las medidas contra la inseguridad ciudadana.
El texto jurídico propuesto define el terrorismo urbano como las acciones que provocan miedo en la población o un segmento de la misma, mediante los crímenes de extorsión y sicariato; y dispone que aquellos que lo perpetran sean sancionados con una pena de prisión no inferior a 30 años. Est término surgue como llamado a la ola de inseguridad y delincuencia que azota al país.
Esta iniciativa legislativa en conclusión busca fortalecer la lucha contra la creciente ola de criminalidad en el país, especialmente tras el atentado terrorista/delictivo ocurrido en Trujillo. Al referirse a la tipificación de terrorismo urbano y aumentar las sanciones para estos delitos, el gobierno pretende disuadir a los delincuentes y brindar mayor seguridad a la población, una acción que el pueblo peruano reclama por encima de todo.
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