La comisión organizará debates descentralizados y presentará un informe final sobre la viabilidad del proyecto de la pena de muerte.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la instauración de una Comisión Sectorial para analizar la factibilidad de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, un proyecto que ha suscitado polémica en el país. Esta comisión contará con una duración de tres meses, con la opción de extenderse conforme progrese el desarrollo.
La comisión estará conformada por 16 personas, entre ellas el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, así como el Viceministro de Justicia, el Viceministro de Derechos Humanos, el Secretario General del ministerio, y los directores generales de varias áreas como Asuntos Criminológicos, Desarrollo Normativo, Derechos Humanos, y Justicia y Libertad Religiosa. También incluyen al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), y otros altos funcionarios públicos.
Los objetivos de esta comisión son los de organizar los debates regionales, difundir las actas de estos debates y realizar el informe final para el recojo de la viabilidad de la pena de muerte a los violadores en el Perú.
Si bien la creación de esta comisión responde a un clamor social por castigos más severos como la pena máxima para los violadores de menores, el enfoque de recurrir a la pena de muerte plantea serios problemas éticos y jurídicos. La pena de muerte a ha sido objeto de crítica internacional por su ineficacia como disuasivo y por su irreversible naturaleza, que puede condenar a inocentes a muerte.
En el escenario mundial, el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó en un 20%, elevando el total de personas condenadas a muerte a 2428, lo que elevó el número de personas condenadas a muerte a nivel global a, al menos, 27687.
Además, en 2022, se aplicó la pena de muerte en diversos países de maneras que transgredieron el derecho y las regulaciones internacionales, que dictan que solo se deberán efectuar ejecuciones por los delitos más graves, aquellos delitos donde se produjo un homicidio deliberado.
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